Referéndum y chapuza integral

[...] «El independentismo apresurado ha conseguido olvidar que un referéndum debe contar con todas las garantías de imparcialidad de las autoridades que lo convocan y de la Administración que se ocupa de su celebración. Nadie puede creer en la neutralidad de un Gobierno que promete a la vez celebrar el referéndum y tener a punto las estructuras del Estado independiente para su proclamación inmediata en caso de un resultado favorable. Nadie puede confiar tampoco en un Gobierno que prepara dichas estructuras de forma clandestina e ilegal, recogiendo datos y seleccionando personal en vulneración de derechos fundamentales, así como de la vigente legislación sobre protección de datos. El hiperdemocrático derecho a decidir, la democracia en abstracto, es bien a las claras un mero instrumento táctico para obtener la independencia para quienes están comprometidos en una tarea tan poco transparente y tan escasamente democrática. No es un problema de prurito legalista, tal como quieren pintarlo ciertos independentistas. Nadie debiera necesitar muchas explicaciones respecto al principio que une ley y democracia. No es un capricho. La ley es imprescindible para la organización de elecciones y consultas democráticas por una razón nada caprichosa. Porque solo la ley puede proteger a los más débiles, a las minorías frente a las mayorías. Convocar un referéndum sin una mayoría de dos tercios en el Parlamento, sin un mandato electoral basado en los votos como el que pedía Junts pel Sí, y con el agravante de la organización y financiación clandestina de las estructuras del Estado independiente, y la añadidura o bomba culminante final de la secretista ley de transitoriedad jurídica elaborada sin conocimiento del Parlamento, fuera de ponencia y del procedimiento, no es una ilegalidad tan solo, sino un acto profundamente antidemocrático y atentatorio de los derechos fundamentales de los catalanes. De todos, sin distinción».[...] De un artículo de Lluís Bassets titulado Si no es legal no es democrático