Subvencionamos pederastas

La mar de inquietante este asunto de la pederastia en los maristas, que está alcanzando un tremendo volumen, con nuevos casos surgiendo como setas cada día. Gran Uribe estudió el bachillerato en un colegio de curas y no recuerda haber tenido ni la más remota idea de que estas cosas sucedieran, pero seguramente pasaban y no se enteró "de la misa la mitad", como se suele decir. Visto lo visto estos días, cabe preguntarse si, por una cuestión estadística, no empezarán a divulgarse casos de ese estilo en otros colegios religiosos, jesuitas, escolapios, hermanos "del babero" (los de la Salle), etc. ¿Todos los pederastas se concentran allí, en los maristas?

Por lo demás, el padre que ha movido el asunto, Manuel Barbero, ha comprendido que ni el arzobispo de Barcelona ni el Parlament de Catalunya iban a hacer algo más de lo que han hecho hasta ahora: enfáticas pero rutinarias declaraciones institucionales que condenan el asunto, aluden a la formación del profesorado y reclaman que los colegios apliquen los protocolos establecidos, faltaría más. Pero no se ha adoptado ni una sola medida concreta, como podría ser, por ejemplo, la de suprimir la subvención a aquellos colegios implicados en asuntos de esta especie.

Por un lado, con la Iglesia hemos topado y con esto de los dineros que se otorgan a los colegios no se juega. Y por el otro, la administración catalana tampoco está muy dispuesta a renunciar a otorgarlos, ya que son necesarios para la difusión de la ideología dominante. Si uno lleva a su hijo a un colegio de ese tipo, va en el pack que le coman un poco el tarro, pero de ahí a que le den por "salva sea la parte" va un trecho, claro. Por ello, el señor Barbero se ha dirigido ya directamente al Papa Francisco suplicando ayuda. Ha hecho bien, porque aquí poco apoyo más va a encontrar.

Xavier Vidal-Folch nos habla de ello en su columna de hoy, titulada Subvencionamos pederastas:

Manuel Barbero y su esposa en el Parlament / Foto: Joan Cortadella

«Las denuncias por pederastia en colegios barceloneses de los Maristas empiezan a apuntar proporciones muy alarmantes. Ya son una treintena y afectan al menos a siete profesores de siete colegios distintos. Sean todas ciertas o no, exageradas o suaves, y relativas a delitos prescritos o vivos, la respuesta oficial es homeopática.
El superior de los Maristas acaba de reprochar el silencio del primer centro afectado en 2011, en torno al primer caso conocido. 

El Departamento de Enseñanza no se enteró. Fiscalía y Mossos suspendieron las pesquisas cuando la familia retiró las acusaciones para evitar la presión al muchacho abusado. 

El pleno del Parlament lanzó el 3 de marzo una enfática y unánime resolución condenatoria y admonitoria —sugirió “consecuencias”, sin siquiera concretar “sanciones”—, instó a los centros a cumplir los protocolos y parloteó sobre la formación de los docentes.

Por suerte el asunto ha llegado por correo al Papa. Un padre le pide que investigue, que la orden se disculpe, que los que ocultaron sean destituidos y que todas las víctimas obtengan reparación. Escribo “por suerte” aposta, no hace falta ser muy creyente para creer en la eficacia de Bergoglio más que en la de Forcadell.

El Parlament, que tan amigo es de decidir artificios, podía haber decidido instar al Congreso a alargar los periodos de prescripción de los delitos de abusos sexuales (entre 5 y 15 años), como preconizó la diputada Gemma Lienas, pues ahí está la madre del cordero: como los abusos se envuelven en mantos de silencio, comprensiones cómplices y exceso de garantías para el abusador, cuando el delito sale a la luz, hace años que ya no se puede castigar.

Más allá de endurecer en este aspecto la legislación penal, urge dureza administrativa. Hasta que no se retire el concierto económico al menos a los colegios donde la delincuencia fue —o es— sistémica; hasta que no se cierre alguno de esos centros de terror infantil —¿acaso no se clausuran estadios?—, los ciudadanos estaremos subvencionando pederastas. ¿Les complace? La sanción penal debe recaer sobre el criminal; el coste económico-administrativo, en la institución que lo alberga o ampara. Algunos miserables solo reaccionan cuando sus actuaciones, o silencios, les acarrean perjuicios contantes y sonantes. A por ellos».

Enlace: Subvencionamos pederastas

Enlace: El Parlament obliga a las escuelas a aplicar el protocolo antiabusos
Enlace: Las víctimas de los abusos de los Maristas piden al Papa que investigue